domingo, 18 de agosto de 2019, 05:46

España, España

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España es un país con una magnífica y envidiable variedad de territorios, personas y culturas y  una historia milenaria en común que ha soportado los avatares del tiempo. La democracia consagrada en nuestra Constitución ampara y defiende esa diversidad de manera eficaz desde hace más de cuarenta años, a pesar del lógico desgaste  de algunos de sus capítulos, producido por el uso y el tiempo. La construcción del Estado de las Autonomías ha sido uno de sus logros más sobresalientes y es uno de los pilares  de  carga de nuestro Estado de Derecho. Hemos aceptado y asumido la descentralización a ultranza en nuestro ADN político como sinónimo de más democracia, a pesar de que no existe en la cultura política de los humanos ningún texto sagrado ni zarza ardiente que demuestre o asegure que un Estado centralizado funcione peor o mejor que uno descentralizado.


Es importante resaltar que nuestra organización territorial, pactada y negociada sobre todo para satisfacer las aspiraciones de las tres nacionalidades históricas, tiene como principio fundacional e inamovible la preservación de la igualdad de derechos de todos, sin excepción, sus territorios y de los ciudadanos que los habitan.


Desde hace algunos años, el sistema presenta claros síntomas de desgaste y funcionamiento, entre otras cuestiones por la inexistencia de una decisión política que cierre de manera definitiva la arquitectura territorial del 78. Los gobiernos autonómicos han devenido en una especie de satrapías o virreinatos, llenos de parafernalia y oropel, pero también de ineficacia y corrupción. Seguro que nadie discute el eterno mantra de acercar la administración a los ciudadanos y algo se habrá conseguido al respecto, pero también hemos producido una jungla burocrática y legislativa que muchas veces ahoga al administrado y demasiadas veces estrangula la actividad económica.


El peor efecto producido por este sistema, y los recientes acontecimientos políticos así lo demuestran, es la aparición, paulatina pero imparable, de un país con un perfil marcado por la insolidaridad, el egoísmo y hasta la confrontación a veces llena de desprecio entre los territorios. Un país cada vez más poseído por una dramática tendencia centrífuga.


No se trata de exhumar el sepulcro del Cid ni de resucitar el viejo y rancio nacionalismo español, replicado hasta la saciedad en versión provinciana por catalanes y vascos, a los que por desgracia se suman poco a poco nuevos aprendices de brujo. Estamos en la ardua tarea de construir Europa y un Planeta Global, así que debemos empujar a la vieja religión del Estado-Nación al vertedero de la Historia. 


La solución no consiste  en construir un Estado Federal por desagregación, fórmula también inédita en la cultura política,  a través de una descentralización ad infinitum para colmar las insaciables apetencias y neutralizar las permanentes deslealtades de viejos y nuevos nacionalistas. Se trata de cerrar el modelo para que garantice la igualdad de derechos y servicios, así de sencillo y complejo y, a la vez, lograr la necesaria homogeneidad legislativa que nos permita competir y crecer en el  escenario económico. Sin agravios  ni comparaciones, sólo un proyecto común junto a los demás europeos.


Sin abordar esta cuestión, el panorama político español estará cojo y viciado durante años. Los recientes debates políticos nos indican que la cuestión territorial se utiliza con una enorme ignorancia jurídica e histórica y siempre con una demagogia desaforada. Esperemos que pasada la fiebre electoral tengamos el suficiente aplomo e inteligencia para afrontar y resolver esta espinosa pero crucial cuestión de una vez por todas.