lunes, 9 de diciembre de 2019, 01:57

Xunta y CCOO coinciden en la importancia de impulsar una transición energética justa para Galicia

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El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, mantuvo hoy en Santiago de Compostela una reunión con representantes de la Federación de Industria de CCOO para evaluar soluciones conjuntas ante los desafíos de una transición energética justa. Conde destacó la necesidad de este tipo de encuentros para favorecer el diálogo activo entre los principales agentes del sector, estableciendo soluciones consensuadas que permitan definir nuevas líneas de actuación.


La Xunta trasladó al sindicato la necesidad de incluir a Galicia dentro de la Estrategia de Transición Energética del Gobierno central –como ya se hizo con otras comunidades autónomas-. El titular de Economía, Empleo e Industria puso de manifiesto el compromiso de la Administración gallega en este contexto con la propuesta de Estatuto de consumidores electrointensivos presentada por la Xunta con el objetivo de que exista un precio eléctrico competitivo para la industria electrointensiva gallega.

De este modo, ambas partes coincidieron en apostar por una transición energética justa, que facilite la reconversión industrial sin que esto repercuta ni en la calidad de los empleos ni en su estabilidad.


A este respecto, tanto los representantes sindicales como el conselleiro compartieron retos como la modernización del tejido empresarial, la apuesta por la economía circular, la mejora de la formación, el impulso del empleo estable y de calidad y el fomento de la conciliación entre la vida laboral y la familiar como los vectores más relevantes a la hora de materializar este cambio dentro del sector industrial.


La Xunta seguirá garantizando la continuidad del tejido industrial gallego con líneas de acción que dinamicen el sector. Entre estas medidas está la Agenda Industria 4.0, que movilizará 900 millones de euros, creando 13.500 empleos en los próximos cuatro años; y la Ley de implantación empresarial, que busca la captación de nuevas inversiones para Galicia a través de los incentivos fiscales, de la reducción de los plazos de la tramitación administrativa de proyectos manteniendo las mismas garantías técnicas, jurídicas y medioambientales, y a través de facilitar el acceso al suelo industrial.